El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos en contra del proyecto de derogación de la ordenanza 25.029
El Colegio Profesional, al tener conocimiento de la propuesta de derogación de la Ordenanza 25.029 impulsada por el espacio político "Crear más Libertad" a través de sus concejales Cecilia Martínez y Emiliano Recalt, expresó una profunda preocupación y rechazo categórico. Este gremio considera que los fundamentos presentados para respaldar este proyecto no solo son insuficientes, sino que también distorsionan la realidad, generando dudas infundadas en la comunidad sobre quiénes están legalmente habilitados para la intermediación inmobiliaria. Este rol, único e indelegable, debe ser desempeñado exclusivamente por Martilleros y Corredores Públicos.
Además, es relevante señalar que tanto la Ley Nacional 20.266 (Ley 25.028) como la Ley Provincial 10.973 (Ley 14.085) establecen de manera clara los requisitos para ejercer la profesión, excluyendo de manera tajante la posibilidad de que sociedades comerciales o franquicias lleven a cabo actividades reservadas exclusivamente a Martilleros y Corredores Públicos.
Habiendo tomado conocimiento que el espacio político Crear más Libertad, por medio de sus concejales @CeciMartinezMDP y @erecalt pretenden derogar la ordenanza Nº 25.029. Este Colegio profesional ve con profunda preocupación el pretendido intento y lo rechaza en forma total. 👇 pic.twitter.com/srxH1VuU1W
— Martilleros MDP (@MartillerosMDP) January 12, 2024
En la misma línea, se repudia la práctica impuesta por estas franquicias comerciales, que facilitan, fomentan y promueven el ejercicio de la profesión por parte de individuos no habilitados, sin título profesional y matrícula correspondiente. Estos son presentados bajo el título de agentes o asesores inmobiliarios, una actividad prohibida por las leyes vigentes. Este accionar crea una competencia desleal, perjudicando no solo a los profesionales debidamente registrados en los colegios profesionales, sino también a toda la comunidad.
Desde la autoridad conferida por el Estado, se continuará trabajando incansablemente contra la ilegalidad y cualquier intento de modificar o derogar normativas que afecten el desarrollo profesional y utilicen formatos engañosos. Estas acciones, lejos de generar beneficios, buscan socavar las leyes respaldadas por la Constitución Nacional y Provincial.