"Es un tema que lo vengo investigando desde que comenzó la vacunación contra el Covid-19. En Argentina, al menos, se violaron todas las normas legales en cuanto a cómo se debe llevar a cabo una vacunación experimental con seres humanos y los tratados de derechos humanos sobre la seguridad de las personas, y el derecho a respetar la soberanía sobre nuestro cuerpo para poder disponer nosotros libremente", manifestó el abogado en una entrevista radial.

Sin ir más lejos, ha ido de lleno el doctor contra algunos componentes de las vacunas, ya que fueron 37 presentaciones ante la Justicia por lo realizado a lo largo y ancho del engaño por el Covid-19. "Una denuncia penal tras una investigación criminológica", señaló el profesional en la materia.

Además, consideró que "está prohibido por el Código Civil obligar a una persona a participar de un experimento médico. Y acá indirectamente se obligó a través de una coacción. Una persona que no era vacunada no podía desempañarse laboralmente, no podía ir al colegio, un jubilado no podía cobrar su jubilación. De voluntaria tuvo poca. Hubo una responsabilidad de los funcionarios de obligar a las personas a ser parte de este experimento".

Razona aseguró que se violaron "los tratados de derechos humanos sobre la seguridad de las personas". En la denuncia presentada ante la Justicia se detallan los diversos delitos: el avasallamiento "contra la Ley de Derecho del Paciente, el artículo 59 del Código Civil que establece el consentimiento informado, el 58 que establece que nadie puede ser obligado a ser parte de un experimento, los tratados de Helsinki que prohíben experimentar medicamentos en niños, las normas del Ministerio de Salud de la Nación que establecen todos y cada uno de los pasos que se deben dar para informar a una persona de plena conciencia el riesgo que puede correr en una vacunación experimental".

"Haber vacunado a personas sin un estudio medico previo, implica que la persona que ordenó la vacunación, y que no es médico, cometió el delito de ejercicio ilegal de la medicina. Como así también no haber hecho firmar los consentimientos que son obligatorios por ley o no haber hecho un seguimiento de las personas vacunadas, por si tienen algún tipo de secuela. Y el delito de abandono de persona y de abandono seguido de muerte a las personas que han fallecido como consecuencia de estas inoculaciones", agregó el abogado.

Razona destacó que además estas tipificaciones, se establecen también denuncias sobre "los fabricantes de las vacunas por envenenamiento o simulación del carácter nocivo de un medicamento".

En ese sentido destacó: "Lo hemos comprobado a partir de varias presentaciones, las empresas farmacéuticas no informaron de todos los componentes de las vacunas. Y además hay una responsabilidad de los funcionarios de ANMAT de no haber cumplido con su deber irrenunciable de analizar el contenido de los inóculos".

Sobre los alcances de la presentación, el letrado señaló que está formulada "contra los autores materiales de diferentes delitos, partícipes y encubridores. Partícipes pueden ser los médicos que aparecían en televisión diciendo que estas vacunas eran seguras y efectivas, cuando estaba comprobado científicamente que no eran ni seguras ni efectivas. Y además que obviaban manifestar que estas vacunas eran experimentales y en consecuencia no había ninguna garantía de nada".

Para Razona el Estado no se puede amparar en la declaración de emergencia sanitaria "porque hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, redactado por Carlos Rosenkrantz, en el juicio que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) le inició al Estado nacional para poder habilitar las escuelas".

"Allí se dejó aclarado que ninguna declaración de emergencia puede hacer que no se cumplan las normas constitucionales o las leyes. La emergencia no implica un permiso para violar las leyes en el país y menos los principios constitucionales", cerró.